Subida de tasas judiciales

En: General

30 oct 2012

El poder legislativo debatirá el día 31 de octubre, en el Congreso de los Diputados, el proyecto de ley dirigido por el Ministerio de Justicia (del cual se encuentra al frente Alberto Ruiz Gallardón) mediante el cual se pretende imponer una subida de tasas judiciales, que irían desde los 50 hasta los 750 euros según el procedimiento judicial. El texto podría ser aprobado en noviembre, entrando en funcionamiento a comienzos del ejercicio 2013.

El texto ya pasó un primer filtró la semana pasada en la Comisión de justicia, donde la mayoría del Partido Popular rechazó las enmiendas presentadas contra el proyecto de ley. Tales enmiendas serán debatidas de nuevo en el pleno del Congreso de los Diputados el miércoles 31.

Subida de tasas judiciales

Con la subida de las tasas judiciales se impone a los ciudadanos un nuevo “impuesto” al acceso de la vía judicial. Así, el Consejo General del Poder Judicial, muchos abogados, procuradores o secretarios judiciales han mostrado también su disconformidad con la nueva norma que se propone; tal proyecto tiene a muchos agentes jurídicos en contra. No sería raro esperar un recurso de inconstitucionalidad contra tal reforma….

Quizás en el debate parlamentario el partido del Gobierno introduzca algunas modificaciones a la norma: podrían establecerse unos nuevos supuestos para la práctica de exenciones, o por ejemplo, elevar la cuantía a 2.000 euros para el pago de la tasa en un procedimiento monitorio.

En el caso de los procesos monitorios, el tema es bastante significativo. Veamos el llamado dilema del fontanero: realiza un trabajo a una empresa mediante el cual cobra 90 euros IVA incluido. Tras meses de insistencia, el fontanero no ha conseguido cobrar el dinero que se le debe por su trabajo efectivamente realizado. Desesperado, la única vía que le queda sería la presentación de una demanda judicial dentro de un procedimiento monitorio, que tendría un coste de 100 euros de tasa judicial (sin contar otros gastos de representación por ejemplo). Así, y en este caso, acudir a la vía judicial supone un coste mayor que lo que se pretende obtener, lo cual no es para nada razonable.

Esperemos que el derecho a la tutela judicial efectiva se respete lo máximo posible con la propuesta que se debatirá en el Congreso de los Diputados.

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