Tasazo judicial a los monitorios

En: General

14 dic 2012

Existen datos reveladores sobre las consecuencias económicas de la crisis que sufren las pequeñas y medianas empresas en nuestro país; además de las dificultades diarias por la el parón de la economía, durante este período de tiempo especialmente difícil un tercio de las empresas españolas han desaparecido principalmente como consecuencia de impagos y/o retrasos en el cobro de facturas emitidas. Así, medio millón de empresas (autónomos y pymes) se han visto obligadas a cerrar por impagos, morosos o problemas con cobros de facturas.

 

 

Y no solo nos referimos a problemas de pago en el sector privado, ya que la Administración pública sigue incumpliendo los plazos previstos en la Ley contra la Morosidad para abonar facturas a sus proveedores.

Si unimos todo lo anterior al difícil acceso que existe para que las entidades financieras den financiación a las pymes,  nos encontramos con un escenario económico desolador para nuestras empresas, que gestionan como pueden las dificultades de liquidez y tensiones diarias de tesorería.

Todo ello lleva a una cascada de impagos y morosidad: el ya famoso “no puedo pagarte porque a mí no me pagan…”. En muchas ocasiones, la única salida para el acreedor es la presentación de una demanda contra el deudor (en algunos casos morosos habituales) que inicie un procedimiento monitorio para tener un éxito mayor en el cobro de las facturas impagadas, luchando contra la posible insolvencia.

Y en esta tesitura, nos encontramos con el famoso tasazo judicial, que ha impuesto a los litigantes la obligación de satisfacer una tasa por el inicio de distintos procedimientos judiciales. En cuanto a los procedimientos monitorios, nos encontramos con una tasa de 100 euros más un 0,5% adicional de la cantidad reclamada. No obstante, para cantidades inferiores a 2.000 euros se ha declarado una exención.

Mediante tal medida, se dificulta el acceso a la justicia para los acreedores que no consiguen el cobro de sus facturas en su momento, lo que a nuestro juicio, lesiona gravemente el derecho a la tutela judicial efectiva que promulga la Constitución Española.

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